La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha suspendido temporalmente la aplicación de algunas disposiciones de la ley de delitos informáticos, tras la denuncia por inconstitucionalidad interpuesta por el periodista Randall Rivera. En particular, el artículo 288, que prevé penas de cuatro a ocho años de cárcel por difusión de “información política secreta”.

Reporteros Sin Fronteras recoge con satisfacción esta suspensión, aunque sea temporal, de la “ley mordaza” costarricense, y espera que el Congreso, responsable ahora de importantes reajustes de la legislación, adopte los cambios lo antes posible.

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